España 34 12
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Otra vez el Regionalismo en España La SI 22/12/34 p.3
1934 ha sido año de continuos fracasos para la Política y la Democracia. ¿Se ha iniciado tal vez, un resurgimiento económico, habiéndose llegado al fondo de la crisis? Lo que podemos esperar del año 1935 La SI 29/12/34 p.3-8

            Desde hace treinta años, la pesadilla política de España ha sido Cataluña. La laboriosa región exige autonomía. Los políticos de la monarquía, cuya organización logrera se basa en lo que Joaquín Costa llamaba “caciquismo demoledor a base de un continuado despotismo”, exigía un centralismo que pusiese en manos de los partidos puestos y gangas.
            Fue el error fundamental de la monarquía no saber geografía, ni historia ni derecho constitucional moderno. ¿No dijo el mismo rey en plenas Cortes el disparate elemental que Isabel l había sido reina de España?
            Al advenir la República, un suspiro de alivio pudo notarse. ¿No se daba el caso raro de que los políticos comenzasen a saber algo respecto a la tradición secular de las Españas políticas? ¿No se daba, todavía, el estupendo caso de que un jefe de gobierno retrotrayese la estructuración de España a las fuentes claras de 1480, reconociendo la independencia histórica de cada región y la soberanía regional del porvenir hispano?
            Esto, que es una verdad histórico-jurídica elemental, paralela al 2x2=4 matemático, constituía en la absurda y degeneradora política al uso una novedad extraordinaria.
            Pero ... era una pura ilusión. Una contradicción absoluta y total. Una contradicción que un liberal de tradición centralista, Azaña, tuviese el coraje de reconocer a toda comunidad natural el derecho a disponer de sus destinos, en conformidad a la tradición española; una contradicción que los tradicionalistas negasen y renegasen la tradición nacional; una contradicción que la politiquería se preocupase de un asunto serio de médula nacional; una contradicción todo.
            Cuando se publicó el Estatuto notábamos que la solución, que era buena, estaba sentada sobre falsos cimientos. Era una pirámide invertida, con la punta abajo y la base arriba, amenzando continuamente desplomarse. Porque, como decía Mella, es una pirámide invertida una España en la cual el Estado español sea el definidor del derecho regional.
            Al fracasar la loca aventura del gobierno autónomo, que Companys presidió, hallaron los “agrarios de Madrid” –y esas tres palabras no hay que desahuciarlas como contradicción frapante- la ocasión de volver a su verdadera situación de caciquismo.
            En la nueva política española que trajo la República, es una cosa verdaderamente nueva el partido de Gil Robles, que obedece -al menos teóricamente- a los principios de la Democracia Cristiana. No existían en el mapa monárquico esas fuerzas organizadas. Pero son cosas añejas y viejas y arcaicas, con etiqueta nueva, esos brillantes agrarios que obedecen a Velasco, que no son más que los antiguos partidos liberal y conservador que arruinaron a la monarquía y a España con la política tradicional de aquellos tiempos. Y ese agrarismo –que no es tal- no sólo discordará siempre de las fuerzas gilroblinas, sino que mantendrá siempre, como eje central de su política, el centralismo caciquil de sus antiguas jornadas monárquicas sin que la monarquía le importase mayormente.
            Cuando el gobierno autónomo de Cataluña se sublevaba, sin que la región respondiese, el camino para el Estado estaba claramente marcado en el articulado de la Constitución y del Estatuto. En ningún caso, absolutamente, podía procederse contra esas dos leyes fundamentales, y menos que el organismo supremo garantizador del cumplimiento de las leyes del país.
            El gobierno de Madrid acaba de suspender la aplicación del Estatuto. Está dentro de su derecho, porque existe en Cataluña el estado de guerra. El señor Lerroux podrá equivocarse, o no, en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de mantener ese estado de guerra. Pero nadie podría tacharlo de anticonstitucional.
            Más, al proponer los agrarios la supresión lisa y llana del Estatuto, adoptaban una actitud francamente revolucionaria y anticonstitucional. Con ello daban la razón a Companys y a los separatistas, evidente. Porque, cuando un gobierno se cree en derecho para salirse de la ley, ese mismo derecho ha de ser reconocido, con mayor razón, al ciudadano.