sociedad 48 02
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La base económica actual: el robo legal y cientificista La SI 07/02/48 p. 4-5
Breves declaraciones a los problemas internacionales La SI 14/02/48 p. 1

            a) En la esfera legal hay sus etapas, muchas veces cambiantes. Lo que un día estaba permitido, mañana se pena y prohíbe.
            Ese cambio de ideas en la legislación positiva no es raro. Pongamos, por ejemplo, la legislación social hoy vigente en todos los países en mayor o menos escala. Hubo un día –una época entera, que da todavía sus coletazos- en que se tenía, no solo como una permisión, sino como una ley natural impuesta, la subida y bajada de precios a voluntad del vendedor. Ahora esa ley natural, o lo que sea –“ley” de la oferta y la demanda- es considerada en las legislaciones modernas como un delito.
            Es que no había, en los últimos años, una ligazón estrecha –ni aún una ligazón débil- con la Moral objetiva.
            De aquí que, al pasarse una cosa a ley, no entrabasen al legislador ideales morales ni hechos positivos, sino que quedaba todo al albur del legislador, es decir, de las minorías posesoras.
            Un día, en las altas escuelas de Italia se puso sobre la mesa la discusión de lo que podía tener carácter de ley o disposición, y hubo la fortuna de que terciasen en la discusión mentes excelsas, empapadas de sentido jurídico. Nadie aceptó que bastase a una ley, para ser ley de veras, la voluntad del legislador, ni la voluntad de un Consejo o un parlamento favorable. Fue creencia común –y ella prueba la alta calidad de los opinantes- que no bastaba la voluntad humana para que una cosa pudiese pasar a los dominios del “ius”. Y Tomás de Aquino, que era uno de los opinantes, quedó encargado de redactar una definición de la ley, para que sirviera de centro de discusión a los colegios universitarios de la época, uno de ellos, la Soborna, ya entonces cerebro pensante de Francia y de la cristiandad.
            Tomás de Aquino, que había bebido en las claras fuentes científicas de Monte Cassino, redactó entonces la definición de ley. Y escribió así: “Ley es una disposición dada por el encargado de darla, y que tenga como objetivo el bien común”.
            Desde luego, una ley, para serlo y deber ser observada, no había de ser puro fruto de la voluntad del legislador, sea individual, sea colectivo. Para que una disposición pudiese ser elevada a la categoría de ley, y como tal pudiese ser exigida, se necesitaba ya una condición, se necesitaba ya una condición que no era hija de una voluntad movible, sino que era una condicionante objetiva que ligaba al legislador: que fuese dictada para el bien común, es decir, que fuese la comunidad la beneficiada por esa disposición.
            ¡Qué anhelo de democracia en pleno siglo Xlll, que algunos analfabetos universitarios llaman centuria de la obscuridad! Debían las leyes ser ordenadas al bien común. Y lo que se opusiese a este bien colectivo, es decir, a la felicidad del conjunto, no eran ni podían ser leyes, así las hubiese propuesto la autoridad más elevada. El bien común era el tope que ponía vallas al despotismo y a toda dictadura. Y si un parlamento, por unanimidad, se oponía al bien común mediante una disposición, aquella no era ley, sino una arbitrariedad, que no debía ser obedecida.

            b) Variaron los días. Tras aquellos cerebros extraordinarios, que oponían a las miserias dictatoriales el dictado del “bien común” que permitía a una disposición ser ley, vinieron otras maneras, que vienen señaladas por Montesquieu. Ese diseñador de parlamentos, que era marqués y disponía de tierras y de vasallos, ideó un sistema que permitiese gobernar a la minoría de su rango, y le permitiese gobernar, tras una serie de vallas artificiales que no respondían a nada sólido, según su gusto y anhelo, esto es, según las ansias egoístas de esa minoría acaparadora.
            Ese hombre, educado en la escuela sin Moral, antidemocrático, además, desligó a la ley de sus vallas morales, y la puso como un puro capricho de la voluntad egoísta de su clase: “Ley es toda disposición de la autoridad legislativa”.
            ¿Y si esa disposición va al bien de unos pocos y se opone al bien común? Debe cumplirse. ¿Y si esa disposición es un acto despótico de uno o más gobernantes? No importa. Debe cumplirse.